Etapas de aplicación de las medidas de Internamiento en menores infractores

En el presente texto se exponen las distintas etapas de la aplicación de una medida de internamiento de un menor delincuente. Basado en nociones teóricas de la sociología de las organizaciones, muestra que esta implementación involucra diferentes áreas de incertidumbre que conducen a negociaciones y cuestiones de poder entre los principales actores. 

Las estrategias desarrolladas por profesionales a menudo están dirigidas a resolver problemas institucionales o intra-organizacionales. Sin embargo, la elección del hogar y la aplicación de esta medida tienen una gran influencia en el viaje del menor y lo estigmatizan en su identidad social.

El objetivo de este artículo es analizar el proceso de aplicación de una medida de internamiento de un menor en un contexto penal. 

Este proceso, que forma parte de un contexto institucional específico, consta de varias etapas. El estudio de estas diferentes etapas y su dinámica muestra que el desarrollo de una medida de internamiento implica, en el contexto institucional actual, modos de cooperación y coordinación entre socios que pueden producir ciertos efectos contrarios a la intuición para el público interesado. 

El principal efecto contra-intuitivo identificado es que la elección del tipo de hogar, aunque a menudo se basa en criterios intraorganizativos, puede convertirse, por efecto espejo entre la identidad social atribuida a estos jóvenes y el grado de coerción de las estructuras que los reciben, en un poderoso “marcador” social y puede ser interpretado por los actores judiciales y educativos como un signo de que estos jóvenes están arraigados en una trayectoria delictiva.

La implementación de una internamiento es una acción colectiva producida por un mecanismo institucional dirigido principalmente e históricamente por una pareja de Jueces de Menores (JE)-Educador Juvenil de Protección Judicial (PJJ). 

A menudo se delega a nivel práctico en una estructura de vivienda del sector voluntario autorizado, en un contexto de escasez crónica de plazas disponibles. En cada una de sus etapas de elaboración se abre una zona de negociación donde se expresan las relaciones de poder que unen a los distintos actores involucrados.

Desde el cambio de rumbo en materia de seguridad en el decenio de 1990, que dio lugar a la multiplicación de los mecanismos de recepción y supervisión de esos jóvenes delincuentes, esas esferas de negociación han movilizado a un número cada vez mayor de posibles interesados. En particular, los educadores del sector privado cuya cultura profesional se basa en valores, prácticas y modos de acción distintos a los de los educadores de PJJ están cada vez más involucrados.

Este aumento del número de actores forma parte de un movimiento más amplio para redefinir el tratamiento institucional de la delincuencia juvenil. Esta redefinición se refiere tanto a la distribución de los papeles y de los ámbitos de intervención de los diferentes profesionales de la justicia y de la educación como a la naturaleza misma de la respuesta que debe darse a estos jóvenes. 

Las nuevas directrices institucionales promueven, en particular, un mayor papel de las personas y de los fiscales en el desarrollo de los procedimientos judiciales, así como una delegación al sector asociativo facultado para llevar a cabo determinadas tareas educativas que hasta ahora eran responsabilidad de los educadores del ministerio público. Esto debilita a los actores que ven reducido su campo de intervención (educadores de PJJ) o el número de socios con los que tienen que tratar (jueces de menores).

Todo esto contribuye a producir un importante rediseño en la naturaleza de las relaciones entre los diferentes actores. Esta observación plantea la cuestión de la aplicación efectiva de los trabajos de articulación necesarios para la aplicación de una medida de internamiento. ¿Cuáles son los verdaderos impulsores que dictan la conducta y las prácticas de los actores durante su cooperación? ¿Qué pasa con la coordinación de los roles y áreas de intervención de cada uno?

La tesis central defendida por este artículo es que el contexto institucional actual (aumento del número de actores, reorganización de su posición y redistribución de sus recursos) requiere esfuerzos adicionales en términos del trabajo de articulación requerido para esta acción colectiva. 

Para ello, los actores no tienen más remedio que aprovechar el margen de maniobra de que disponen y utilizarlo como instrumento de regulación social para “seleccionar” interlocutores que les permitan proteger su ámbito de intervención y la especificidad de su papel.

 Al final, la elección del lugar de prácticas se basa, en algunos casos, menos en el conocimiento del menor por parte de los profesionales que en cuestiones intra-organizacionales que deben ser “reguladas”. 

Esto tiene el efecto contrario a la intuición de contribuir a un refinamiento injusto del etiquetado de algunos de estos jóvenes, ya que el tipo de hogar que los ha acogido se convierte en un poderoso marcador de su identidad social que determinará en parte su trayectoria futura en el campo de la infancia delincuente.

El análisis propuesto es el resultado de una investigación doctoral en sociología sobre el tratamiento institucional de la delincuencia juvenil. El trabajo de campo se llevó a cabo en una región donde ha habido una considerable escasez de plazas durante muchos años. Esta aclaración es importante porque, dependiendo de los contextos regionales y urbanos (especialmente a través de un “efecto de gran ciudad”), las cuestiones intra-organizativas relacionadas con la implementación de una internamiento serán más o menos significativas. Los datos empíricos se recopilaron utilizando diferentes herramientas:

  • Se realizaron 20 entrevistas semidirectivas con magistrados de menores (5 entrevistas), educadores de PJJ que habían trabajado en varios departamentos, incluyendo refugios (8 entrevistas), educadores especializados que trabajaban en estructuras de “justicia” autorizadas (5 entrevistas) y formadores de PJJ y jefes de departamentos (2 entrevistas).
  • 174 casos de tribunales de menores en los que participan 20 menores supervisados en un tribunal de menores. De estos 20 jóvenes, 18 fueron colocados en al menos una medida de internamiento y un total de 33 medidas de internamiento fueron analizadas en los archivos de la corte.
  • Presencia de un año y medio en el mismo tribunal de menores, lo que permitió la observación directa de cantidades de sentencias, audiencias, reuniones o conversaciones informales entre magistrados y educadores o educadores y secretarios. Estos diversos acontecimientos se registraron en una guía de observación o en un cuaderno de bitácora para situaciones imprevistas.

En primer lugar, detallaremos con precisión las diferentes etapas del procedimiento de aplicación de una internamiento bajo mandato judicial y las áreas de negociación que se abren.

 En un segundo paso, se explicarán las áreas en las que se basa la orientación en determinados centros de alojamiento y los criterios de admisión para estos últimos; en particular, se discutirán las cualidades profesionales de los educadores de MO buscadas por los equipos educativos de origen para liberarse de ciertas obligaciones burocráticas. 

Finalmente, en un último paso, discutiremos esta paradoja emergente entre la realidad de los mecanismos de ventilación de los menores en el circuito de las estructuras de alojamiento y el refinamiento del etiquetado en el que este último, sin embargo, participa.

La medida de internamiento: una acción colectiva con un procedimiento complejo

La medida de internamiento puede considerarse, por tanto, como una acción colectiva en la que intervienen tres grupos de actores: el juez de menores y, más raramente, el fiscal adjunto encargado de los menores, el educador del Ministerio de Educación (el educador del Ministerio de Educación o incluso el educador adscrito a una unidad educativa en el tribunal de menores), y los trabajadores del alojamiento (el equipo educativo del hogar). 

El proceso para implementar una medida de inversión consiste en diferentes pasos que pueden compararse con un conjunto de reglas informales. Cada uno de ellos abre un espacio de negociación en el que los actores pueden apresurarse a desarrollar estrategias para defender sus intereses.

Una decisión judicial que garantice de antemano su eficacia

Como lo han demostrado los trabajos de Liora Israël, Philip Milburn, Anne Wyvekens o los trabajos más recientes y ya citados de Benoît Bastard y Christian Mouhanna, las decisiones de los jueces de menores son en gran medida el resultado de procesos de negociación en los que participan actores legales (magistrado, fiscal, abogado), actores educativos (educadores del PJJJJ en un entorno abierto y equipo de educación en el hogar) e individuos (menores de edad y sus representantes legales). 

Si bien, en el ámbito penal, los litigantes tienen una voz más limitada en este proceso de negociación, los jueces de menores deben, no obstante, tratar con sus compañeros de estudios. No podrán imponerles sus decisiones sin negociación previa, en particular en el contexto de las medidas de internamiento. 

Como Richard admite, lo he estado haciendo durante 5 años: “En los casos penales, nunca, o casi nunca, hacemos un juicio de internamiento si no se nos ha encontrado un lugar de internamiento, por lo que el trabajo se hace aguas arriba, no cuestionamos la eficacia ya que sabemos que la medida será efectiva… En los casos penales, no podemos decir que confiamos al niño a la PJJ y que ellos logran después encontrar un lugar de internamiento, no es posible, no podemos ponerlos en frente de los hechos realizados y decirles: “Lo tomas incluso si no tienes más espacio, no nos importa, lo tomas porque lo decidimos… “… Entonces nos quemarían delante de los servicios y tendríamos que esperar a que un servicio dijera que sí…”

La implementación de estas medidas requiere que el educador de la OM lleve a cabo una búsqueda de las estructuras que puedan acomodar al menor. Esta investigación incluye diferentes pasos y, en cada uno de ellos, hay un tiempo posible para la negociación entre los profesionales involucrados. 

Por lo tanto, es en el mejor interés de los jueces de menores llegar a un acuerdo tácito con los educadores de MO sobre la necesidad de esta medida de internamiento para que puedan hacer todo lo posible para que se haga realidad. 

La búsqueda de estructuras adecuadas autorizadas para recibir a los menores en un contexto penal es, en efecto, prerrogativa de los educadores del Ministerio de Educación (o, en caso de comparecencia temprana, de los educadores de la PJJ en comisión de servicios en el tribunal como parte de los equipos). 

A ellos les corresponde determinar qué tipo de vivienda les parece más apropiada para la situación o “problema ” de un menor.  Los jueces de menores con los que nos reunimos tienen pocos requisitos en cuanto a la elección del hogar, como lo confirman los comentarios de Bernadette, he estado diciendo durante los últimos 5 años: “Concretamente, como no hay muchos lugares, rara vez lo aprovechamos… Cuando pensamos que la internamiento es necesaria, tomamos lo que encontramos, aunque sea en términos absolutos, deberíamos decir: “En este perfil, preferiría ser la FAE, en este perfil el lugar de la vida X, etc….”. “… En la práctica, cuando piensas que una internamiento es necesaria, pides encontrar un lugar para colocarla, y si es un REB, entonces tomas lo que encuentras: “¿Es un MEF? ¡Bien por ti! “… Pero si empezamos a ser demasiado exigentes, aunque sea mucho tiempo para encontrar un lugar, podría llevar seis meses…”

La búsqueda de instalaciones de acogida: un enfoque multinivel

El primer paso en la búsqueda de un refugio de PJJ o “autoridad judicial” es el contacto telefónico entre el educador de MO y los refugios. El objetivo es que este profesional se dirija a los hogares que tendrían plazas disponibles en un período de tiempo relativamente corto. Una vez finalizado este trabajo de selección inicial, el educador envía un expediente de admisión a las instituciones seleccionadas. En estos expedientes se relaciona la situación penal del menor y se recopilan los escritos educativos anteriores. Permiten a los educadores en el hogar conocer la historia de la vida del menor, su “problema” individual y su implicación en la delincuencia (en particular, haciendo referencia al número de delitos cometidos o al número de casos por los que el joven ha sido objeto de un proceso penal). Basándose en esta información, los equipos educativos del hogar pueden decidir contactar al educador del OM para concertar una fecha para una entrevista de admisión. Esta reunión permite al equipo educativo medir la adherencia del menor a esta internamiento y a su proyecto educativo. La demostración de este compromiso es a menudo un requisito previo para la aplicación de esta medida. Sin signos de que el menor acepte la internamiento propuesta, los equipos de educación en el hogar pueden ser escépticos sobre las posibilidades de “éxito educativo” de la internamiento. Esto permite al menor tener un cierto margen de maniobra y obliga a los distintos profesionales a negociar con él y convencerlo de la pertinencia de este proyecto. Pero este paso puede tener otros propósitos. Lise, educadora en una Institución de internamiento Educativa (EPE), cuenta su primer encuentro con los profesionales de la PJJ en estos términos, mientras trabaja actualmente en la Asistencia Social a la Infancia (ASE): “Yo había cuidado de una niña que estaba muy al límite, que tenía un hermano que había sido seguido por el PJJ y que estaba en un modo muy violento y temíamos que la niña siguiera y trabajara en el mismo lado, y así, trabajando un poco con su juez, pensamos que el marco penal podía enmarcarla… Ya no cuidaba más a la niña, pero ella me dijo que la acompañara, porque si estaba sola, conociendo gente nueva para ir a un lugar más restrictivo, no iba a venir… Y así, yo la acompaño, nos encontramos con la directora que rápidamente nos presenta el proyecto y el funcionamiento de la casa y como siempre estuvo un poco en la provocación empieza a decir: “Pero de todos modos, no voy a ir, no me importa una mierda…” Eso es todo, y yo estaba mirándola y pensando que ella todavía estaba haciendo su sketch, pero nada muy inusual y el director, en lugar de decir, “Vale, ¿has terminado? Ahora vamos….”, le dijo, “Está bien, piénsalo, te doy un cuarto de hora, si todavía estás allí en un cuarto de hora, te llevo allí después de….”… Se quedó 13 minutos y se fue (sonriendo)… Así que fui a ver al director para que me diera una explicación, porque no le habría pedido su opinión, Lo habría puesto en el coche y luego aquí nos habríamos ido… Así que su respuesta fue que no parecía estar de acuerdo con el proyecto de servicio y lo que era posible preparar para ella… Mientras todo estaba listo, que el juez sólo estaba esperando una llamada telefónica para enviar por fax la orden de internamiento… Y de hecho, más tarde, me enteré de que esta casa tenía más o menos problemas con mi colega de la ESA que estaba cuidando a esta joven[silencio]…. Aquí, creo que ella es más la explicación…”.

De este modo, el equipo educativo del hogar tiene la posibilidad, en cualquier momento, de dar marcha atrás y negarse a continuar con el proyecto de admisión de un menor. Este procedimiento es un conjunto de reglas informales que estructuran el proceso a ser llevado a cabo por los educadores de MO. Son los equipos del refugio los que determinan las reglas de admisión a sus instalaciones. Esto les da cierto poder sobre su relación con los educadores de MO.

Un procedimiento en el que se revelan las áreas de negociación y el margen de maniobra

Este complejo procedimiento, y las etapas que lo componen, revelan diferentes áreas de negociación y margen de maniobra para los actores. La primera es entre el magistrado y el educador de un entorno abierto en torno al interés educativo de utilizar la medida de internamiento. Dado que los jueces no desean correr el riesgo de emitir una orden de internamiento que no sería ejecutada, prefieren asegurarse de antemano de que se haga justicia en el futuro y esperar, antes de emitir la orden de internamiento, la confirmación de la llegada del menor al hogar. Esta situación le da al educador de la OM una flexibilidad considerable. Si este último no cumple con la petición del magistrado, si considera que esta internamiento es prematura o inadecuada para este joven, tiene un período de latencia significativo durante el cual puede empezar a persuadir al magistrado. A una pregunta sobre estas situaciones de desacuerdo, Emmanuelle, educadora de PJJ desde hace más de 20 años, responde a esta pregunta: “Ya me he encontrado antes en situaciones como ésta…. Hago la investigación que me pidió el magistrado, y como lleva un poco de tiempo, aprovecho la oportunidad para hacer una contrapropuesta, le digo que envié su expediente a esta estructura, pero también hay este tipo de soluciones que se pueden proponer y yo discuto y explico por qué… Así, él tiene una opción y puede decirse a sí mismo que mi solución no es tan mala…. O es su primera idea, o piensa que mi idea puede ser considerada y eso es todo….

La convocatoria de las distintas estructuras para verificar la disponibilidad, preparar y enviar el expediente de admisión, esperar una respuesta positiva y luego fijar una fecha para una primera reunión, representa una carga de trabajo importante sobre la que el magistrado no tiene control. Esta situación puede llevar a una cierta sospecha, como lo confirma Faustine, he estado en el negocio durante 3 años: “Es cierto que esa es a menudo la pregunta que nos hacemos en estos casos… Pero entonces es difícil… Podría ser un poco difamatorio sospechar de ellos, y yo tampoco quiero volverme paranoico, pensando que en tal situación, ellos no lo hicieron… Pero.., es cierto que hay casos en los que no puedes evitar hacerte la pregunta, cuando te dicen que no han encontrado nada, cuando crees que pensaron que nuestra orientación estaba mal…. Bueno, tal vez llamaron sin insistir más que eso, así que respondiste que no, y eso es todo….”.

Si seguimos las conclusiones de Crozier y Friedberg, los magistrados, al delegar en los educadores de las MO los pasos para implementar las medidas de internamiento, se sitúan en un área de incertidumbre que abre un margen de maniobra significativo para los profesionales de la PJJ. Este margen de maniobra compensa de alguna manera la distribución desequilibrada de los recursos para “decir la verdad”. Aunque los educadores de PJJ no tienen la legitimidad para “decir la ley”, no se ven privados de los medios de acción para llevar a cabo sus misiones y, en particular, para aplicar las medidas de internamiento que les confían los magistrados de menores.

La segunda área de negociación es el trabajo que los profesionales deben hacer con el menor para convencerlo de la necesidad y el mérito educativo de esta medida. Durante este tiempo de preparación para la internamiento, el menor no es un actor pasivo sin recursos. Como se ha mencionado anteriormente, dispone de un amplio margen de maniobra que le permite derrotar un proyecto de este tipo, por ejemplo, demostrando ostensiblemente su voluntad de no respetar las normas de la casa que está dispuesta a recibirlo.

La última área de negociación se refiere a la relación que se establecerá y mantendrá entre los educadores de las MO y los equipos de educación en el hogar. Si bien los jueces y los educadores de PJJ provienen de dos esferas profesionales distintas (esfera judicial, esfera educativa), éste no es el caso de los trabajadores de PJJ y los educadores en el hogar, ya sean fiscales, educadores especializados o instructores contratados. Sin embargo, pertenecer a la misma esfera profesional no significa compartir la misma cultura profesional y movilizar los mismos registros de acción. La diferenciación en el trabajo entre un educador en las MO y un educador en el hogar encuentra un punto de anclaje conflictivo en este elemento fundamental para el desarrollo profesional de cada uno: la posibilidad de un funcionario como experto y asesor del magistrado a través de las propuestas educativas que los educadores en las MO deben formular cuando las medidas que se les confían llegan a su fin.

El educador del Ministerio de Educación tiene un lugar privilegiado: es el que actúa como experto en educación, es decir, el que proporcionará al magistrado, mediante la argumentación de una propuesta educativa, los elementos necesarios para justificar su decisión. Este desequilibrio en los recursos, que mantiene a los miembros de los equipos educativos del hogar alejados del magistrado y del proceso de toma de decisiones, está en la raíz de las tensiones y conflictos que pueden surgir de las relaciones entre los entornos abiertos y la vivienda. Sin embargo, el aumento de las solicitudes en comparación con la oferta de camas disponibles para los niños delincuentes coloca a los equipos del refugio en una posición ventajosa, lo que les permite clasificar las solicitudes recibidas y seleccionar los casos a los que desean responder positivamente. De esta manera, los trabajadores de las instalaciones de alojamiento tienen un margen de maniobra y un medio de presión en sus relaciones con los educadores de MO.

La duración de la lista de espera, la no adhesión del menor a la internamiento o la no correlación entre el “problema” de los menores y la política educativa de la estructura son todas posibles justificaciones de una denegación, ya sea que los dictámenes motivados sean reales o pretendidos. Utilizando este o aquel argumento, según sus propias reglas de juego, los equipos de acogida pueden seleccionar tanto a los jóvenes que desean acoger como a los profesionales con los que se comprometen a trabajar, y más concretamente a aquellos en los que pueden confiar y que les ofrecen la oportunidad de participar más activamente en el proceso de toma de decisiones.

Las “cualidades” que se exigen a los educadores en entornos abiertos

Una comparación entre el análisis de los casos de los tribunales de menores y los comentarios de los profesionales entrevistados muestra que las explicaciones que se dan en los muchos casos en que los hogares afirman no poder recibir a un joven a menudo no son más que una cortina de humo que enmascara las razones reales. Como señala Philippe, educador del CAE después de haber trabajado en un FAC y un REC, sobre las listas de espera para los expedientes de admisión:” – Es principalmente una forma de que los equipos gestionen los flujos y seleccionen… Hay que tener en cuenta que una lista de espera es fluctuante, hay expedientes que siempre estarán en la lista de espera y otros más recientes que estarán en primer lugar, porque es un educador de este tipo….”.

La capacidad de construir relaciones: la red preferida de educadores de MO

 Todos los educadores entrevistados confirmaron esta situación: la lista de espera no es obligatoria, especialmente si el educador del MO y el equipo del hogar tienen en común colaboraciones previas positivas. La internamiento es un momento impredecible, ya que puede ser desestabilizador para un menor que necesita ser guiado. Ante esta imposibilidad de predecir el curso de las prácticas, y con el fin de no añadir incertidumbre a esta situación, ambos grupos prefieren dirigirse a las parejas cuya práctica profesional conocen y cuyos comportamientos y reacciones pueden anticipar. Esto les da un mínimo de control sobre el futuro del juego. Lise, una educadora de AWF, está de acuerdo: “Nos medimos, nos observamos y si las cosas no van bien una vez…. Todos lo preferimos, pero también los educadores de mente abierta, todos preferimos saber cómo trabaja y reacciona la otra persona…. Nosotros, por ejemplo, tenemos educadores que nos han golpeado hacia atrás; por ejemplo, estamos de acuerdo con ellos y el día de la audiencia cambió… Así que ahora estamos en clase y no podemos hacer nada… Pero ahora él sabe cómo trabaja y no trabajaremos con él…..

Los vínculos establecidos con los educadores o el jefe de familia, la capacidad de llevarse bien y desarrollar una posición común son oportunidades adicionales para encontrar rápidamente un lugar en lo que podría llamarse el circuito de internamiento prioritaria de un educador. Disponer de una red operativa y ampliada es una capacidad que el educador en un entorno abierto debe ser capaz de movilizar en todo momento a la hora de buscar instalaciones de alojamiento.

Las listas de espera son, en efecto, por utilizar las palabras de Philippe, fluctuantes, ya que es posible liberarse de ellas, sobre todo cuando un educador tiene una red sólida y extensa en el sector asociativo autorizado de su región. Para Emmanuelle, educadora desde hace más de 20 años y formadora de PJJ en el centro de formación territorial: “Así es como funciona, a través de la red… Los aprendices están alucinados porque a veces cojo el teléfono y mi nombre me abre las puertas, aunque también pueda cerrarlas… Por ejemplo, he conseguido que me bloqueen una plaza en el CEF de S.., cuando no es en absoluto el procedimiento, porque trabajo con ellos regularmente, tengo una muy buena relación con ellos y me imagino que para ellos soy confiable, así que eso es todo…. Si la gente piensa que eres un profesional competente, confiable, que responderá si es necesario, puedes hacer milagros… Entonces ni siquiera tienes que enviar el archivo más, llamas, explicas la situación y aquí está, el niño es aceptado incluso antes de que lo haya visto….”.

Por lo tanto, es posible eludir este procedimiento de selección de archivos y acelerar los pasos dados con las estructuras de alojamiento. Esto requiere que el equipo atribuya al educador OM dos “cualidades” particulares: la fiabilidad en el seguimiento del menor colocado y, en particular, la capacidad de respuesta en caso de un problema importante como una fuga, una pelea o nuevas infracciones cometidas; la inteligencia para permitir que el equipo del hogar tenga un lugar en el proceso de toma de decisiones y en el trabajo en torno a la asistencia posterior, es decir, la posibilidad ofrecida a estos educadores de participar en la formulación de propuestas educativas sobre el futuro del menor después de haber abandonado el hogar.

La importancia de generar confianza: estar presente y responder en una emergencia

El posicionamiento del educador del OM, entre el magistrado y el joven, entre los servicios de acogida y las oficinas de los jueces de menores, le lleva a desarrollar, en situaciones de internamiento, una actividad próxima a la mediación, en el sentido de que debe producir “confianza” entre estos diferentes protagonistas para que el trabajo colectivo se realice en las mejores condiciones posibles. El magistrado de menores y las trabajadoras del hogar/domésticas no están en contacto frecuente. Con poca participación en el desarrollo de propuestas educativas, los educadores en el hogar rara vez están presentes en las audiencias o juicios del gabinete. Aunque la visita anual a las instalaciones de alojamiento situadas en el territorio bajo su jurisdicción forma parte de su misión, los jueces reconocen que no tienen tiempo para hacerlo. A menudo sólo tienen un conocimiento teórico de cómo funcionan estos servicios. Esta distancia simbólica abre una brecha que debe ser llenada por la presencia y atención del educador del OM. En estas circunstancias, este profesional debe crear confianza para resolver estas áreas de incertidumbre y transformar las actividades dispersas en una única acción coherente. Este proceso de construcción de confianza está ligado a la presencia del educador con sus compañeros. Para Géraldine, jefa de departamento del PJJ: “Cuando un niño es colocado, le pido al educador que esté aún más presente… Porque el educador en el hogar puede decirse a sí mismo…”: “Eso es todo, ha colocado al niño, se va a deshacer de él y se va a ocupar de los otros veinticuatro…”… Así que ahí es cuando es el momento de empezar… Educación en el hogar, prefieren que haya una conexión, que se sientan que no están solos, que si hay un problema, el educador de ambiente abierto estará presente…. Debido a que los hogares tienen menos conexión con el magistrado, es el ambiente abierto el que tiene el vínculo privilegiado con el magistrado, así que en un momento dado, si hay una dificultad con el alojamiento, si el ambiente abierto no se transmite, el hogar está en dificultad y si se les pone en dificultad una vez….”.

Los distintos actores educativos, aunque operando en diferentes niveles y con recursos desiguales en este juego, tienen un interés común: que la labor educativa que se realiza con un menor de edad dé sus frutos y permita una ruptura en su trayectoria delictiva. Para ello, deben demostrar, a los ojos del joven y de su familia, pero también a los ojos del magistrado, una posición común, un enfoque común y una concepción de lo que debe ser el trabajo educativo que se debe proporcionar. Esta voz única no puede construirse sin un diálogo constante y permanente entre los diferentes profesionales, aunque tenga que haber alguna fricción, como señala Géraldine: “Apuntamos, refinamos nuestros contactos, nos basamos en la calidad de la atención, el intercambio…. Creo que es en términos de intercambios, elaboración, etc…. Que el trabajo se puede hacer, aunque tengamos que estar en desacuerdo o discutir… Tenemos que tener una posición común hacia el niño, que podemos seguir adelante, aunque la síntesis no vaya necesariamente a ir bien… Lo que me niego a escuchar es que el hogar diga eso y que el ACE diga eso, que es bastante común…”.

Sin embargo, a veces el educador ya no cumple esta función de constructor de confianza, por ejemplo, cuando deja transcurrir el tiempo antes de intervenir en una situación considerada urgente por el hogar. En este momento, los educadores de la escuela están experimentando un aislamiento muy difícil y el poco apoyo que reciben, como sugiere este ejemplo de Lise: “Hace poco tuvimos un caso, había dos colegas que fueron golpeados por un niño, llamamos al educador de ambiente abierto que nos dice: “Estás seguro de que es tan grave….”… ¡Y se detiene ahí, no se mueve! Hay un problema ahí, un gran problema. Si nos toca, no se puede explicar, así que tiene que encontrar una solución de inmediato, cosa que no hizo, pero no hizo en absoluto… Así que, si nos llama por otro joven, bueno, no ha ganado… Así que mi colega se lo tomó muy, muy mal y se negó a llevar al educador por teléfono y básicamente fue: “Si se las arregla con su hijo, no queremos verle aquí….”.

El educador MO es por lo tanto un cemento necesario para unir las diferentes partes durante el alojamiento de un menor. En situaciones de crisis, debe garantizar un vínculo satisfactorio entre el hogar y la Fiscalía del Menor. Si el educador de la OM deja de actuar como interfaz, se pone en tela de juicio toda la ejecución de la medida de internamiento.

Involucrar a los equipos de educación en el proceso de toma de decisiones

La trayectoria de un menor en el campo de la infancia delincuente no termina cuando abandona un centro de acogida; muy a menudo, los procesos penales que le conciernen siguen en curso y el menor todavía tiene “cuentas que comunicar al sistema de justicia”. Las internamiento es suelen estar marcadas por una nueva orientación educativa, excepto en los casos en que los menores, que han cometido actos delictivos repetidos, son encarcelados o colocados en una estructura más “coercitiva”. Esta orientación depende en gran medida de las conclusiones contenidas en los informes y en las propuestas formuladas por los educadores de los MO.

Este aspecto de la labor educativa, que pone de relieve el reconocimiento de una verdadera calidad de conocimientos especializados entre este público, es muy valorado por los agentes educativos. Sin embargo, el acceso a esta misión para los educadores en el hogar depende de la buena voluntad de los educadores de MO, como lo ha destacado Lise, una educadora de AWF durante los últimos 3 años:

Las propuestas educativas, en general, para nosotros, se hacen con educadores de ambiente abierto, cuando los educadores nos piden que participemos porque no siempre es así… Podemos hablar de ellos informalmente y es el educador de ambiente abierto quien hace la propuesta por escrito, o bien, para apoyar, cada uno escribe una carta, depende…. Pero para mí, realmente depende de la inteligencia del educador para hacernos participar porque somos nosotros los que la hemos visto todos los días durante todo este tiempo… Y es verdad que es algo que apreciamos mucho, cuando se nos consulta para propuestas educativas…”.

Participar en la toma de decisiones, poder influir en el futuro de la trayectoria del menor, significa tener un cierto control sobre la acción educativa que queremos para este joven. También proporciona un mayor valor profesional que las misiones diarias de seguimiento y gestión de estos jóvenes durante las prácticas. Al dar a los hogares la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones, los educadores de MO les dan cierta flexibilidad sobre el futuro del juego y su posicionamiento dentro del mismo. No ser un mero ejecutante del “trabajo sucio” también les permite reivindicar una importante particularidad y especificidad -en una palabra, una identidad precisa- en el circuito de los centros de acogida para menores “delincuentes”.

Diferenciación de servicios y graduación implícita de los niveles coercitivos

La organización de las medidas de internamiento se basa en gran medida en criterios intraorganizativos. En este esquema, no se busca tanto la adecuación entre el proyecto educativo del servicio y el “problema del menor”, sino un socio de confianza, sea cual sea.

De la importancia de diferenciar los servicios al reconocimiento por parte de las partes interesadas de una graduación en los niveles de coerción de los servicios.

Si los socios de los hogares, ya sea en el ámbito educativo o judicial, no eligen su orientación en función de un determinado proyecto pedagógico o educativo, la situación competitiva en la que se encuentran las estructuras les obliga a buscar la diferenciación. Para ello, el desarrollo de proyectos de servicio y la promoción de servicios “innovadores” son elementos importantes. Las guías que presentan las estructuras asociativas consultadas y analizadas en las oficinas de los magistrados de menores muestran una clara voluntad de responder, a través de prácticas educativas precisas, a nuevos “problemas” individuales o a aquellos que no son objeto de una atención optimizada. Se trata de determinar con precisión qué hace que una institución sea única y cuál debe ser su público objetivo.

Las partes interesadas con las que nos reunimos reconocen fácilmente esta diferenciación. Así, Faustine, llevo trabajando 3 años y considero que: “En el sector asociativo, encuentro los servicios muy innovadores…. Realmente ofrecen cosas precisas, y podemos sentir la graduación que…. los niveles por los que pueden pasar los jóvenes… hogares bastante abiertos, luego un poco más restrictivos, luego el CER y el CEF, etc. Hay una lógica detrás de todo esto…”.

Las escuelas desarrollan así su proyecto educativo con el objetivo de ofrecer un servicio que responda lo mejor posible a las situaciones y “problemas” individuales, distinguiéndose, en su oferta, de otros proveedores situados en el mismo territorio.

El efecto espejo “coerción de la estructura-identidad delictiva del menor”: sobreestigmatización injusta.

Pero, como acabamos de ver, la ruptura de los menores en el circuito de los establecimientos autorizados no parece corresponder a esta lógica de graduación sino a una lógica de red interprofesional. Esta ambivalencia es tanto más preocupante cuanto que, si bien muchos educadores hacen hincapié, cuando se les pregunta sobre la diferencia entre el campo de los niños en situación de riesgo y los niños delincuentes, en que “los jóvenes PJJ son a menudo los mismos que los que reciben asistencia educativa”, también expresan la idea de que todavía habría “jóvenes que son típicamente PJJ”. Como señala Romain Gény, “aquí aparece un encuentro mágico entre el público y la institución: el PJJ trata a los jóvenes “típicamente” hechos para el PJJ […] Por lo tanto, en cierto modo habría “PJJs jóvenes” .

No hay nada mágico en este cambio de la identidad de la institución a la identidad de los jóvenes. Forma parte de una categorización y segmentación de la intervención social, orientada a clasificar y luego distribuir a los individuos según una combinación de factores y características en diferentes servicios que, para reconocerse y ser reconocidos, acentúan la singularidad de su trabajo, su atención y la población que “se beneficia” de ella. Además, incluso dentro de este grupo tan pequeño, hay otras categorías que también funcionan. Se refieren en particular a los “jóvenes CEI” o “jóvenes CEF”, a los que se concede un estatuto especial, más arraigado en la delincuencia, que a los “jóvenes PJJ” que no han sido colocados en los CEI o CEF.  

Debido a lo que se puede llamar un efecto espejo, el grado de coerción de un lugar de internamiento determina en la mente de los profesionales el anclaje en la delincuencia de los menores que acoge. Esto “marca” la identidad de estos jóvenes y reduce el posible alcance de sus orientaciones futuras. Géraldine, jefa de departamento del PJJ, responde a una pregunta sobre el trabajo de colaboración que hay que hacer para encontrar una solución educativa después de una sesión de REB: “El trabajo está hecho, pero luego es el perfil de los menores lo que no encaja, es la dificultad de encontrar internamiento es, es un término que me irrita, encontrar internamiento es, encontrar un lugar… No, tenemos que buscar un lugar adecuado, encontrar un lugar que podamos, en cualquier lugar, pero encontrar la estructura adecuada con el proyecto y el niño, dónde está, No es la ausencia de un vínculo entre CER, CEF y un entorno abierto lo que lo convierte en un problema, sino el perfil del niño porque también está etiquetado de cierta manera… Cuando sales de un CEF, tienes la impresión de que son delincuentes reincidentes, mucho más difíciles, etc., lo que significa que las estructuras como los lugares para vivir tendrán mucha reticencia…. Porque todavía hay una graduación en las internamiento es, así que tenemos que volver a las estructuras que se supone que son para los delincuentes menos duros, y no hay ninguna y llegamos al final del camino, con niños de 17 años y medio de edad, a los que no tenemos nada más que ofrecer….”.

Así, por ejemplo, un menor que abandona una sesión del CER es considerado por todos los demás servicios educativos, pero también por los actores judiciales, como una persona joven con una identidad delictiva más asertiva que un menor que ha sido colocado en un lugar de residencia durante unos meses. Sin embargo, esta diferenciación no tiene base ya que el sistema de admisión en uno de estos albergues tiene poco que ver con el propio joven, sino más bien con las estrategias de los actores (magistrado, educador del Ministerio de Educación y equipo de educación para la vivienda) que producen implícitamente una regulación autónoma de la institución.

Conclusión

El movimiento de redefinición de la naturaleza de las respuestas institucionales y de las funciones y misiones de los diversos actores involucrados en la delincuencia infantil tiene, por lo tanto, un impacto significativo en los menores afectados por una medida de internamiento: al reforzar la lógica intra-organizacional y las cuestiones que rigen la implementación de las internamiento es para delincuentes juveniles, contribuye indirectamente al perfeccionamiento de las etiquetas de estos jóvenes. Las actas del procedimiento de esta medida permiten la apertura de áreas de negociación en las que los distintos servicios y los actores que los representan pueden desarrollar e implementar estrategias. El objetivo de estas estrategias es participar en una cierta regulación de la institución, es decir, la expresión de las relaciones de poder en torno a las cuestiones de ordenación de las posiciones de cada persona y la frontera entre los campos de intervención de los diferentes servicios. De esta manera, las instituciones pueden diferenciarse, reivindicando una especificidad e identidad que les permita destacar en este campo competitivo. Todo esto se logra manteniendo pequeñas redes informales que reducen el tiempo de espera antes de la medición (para los educadores de MO) y la incertidumbre relacionada durante su implementación (para el equipo de origen).

 Desgraciadamente, este patrón se consigue a menudo alejándose de los “usuarios”. Las tareas administrativas necesarias para la implementación de una internamiento son, para los educadores de MO, sólo un ejemplo de estas nuevas actividades que marcan su horario y los alejan de la relación con los menores a su cargo. Para Fátima, educadora de PJJ desde hace más de 20 años: “Es un poco provocativo lo que voy a decir, pero a veces nos preguntamos si todavía tenemos tiempo para ver al joven… Tenemos que llamar o venir a ver las estructuras, escribir un informe, ir a conocer a tal persona, luego tenemos reuniones de servicio, reuniones de síntesis, análisis de prácticas, etc… Y todo esto nos lleva mucho tiempo, y al joven en todo esto, a veces es difícil si hemos tenido tiempo de verlo…”. Por lo tanto, el tiempo asignado a lo que constituye el núcleo de su profesión está disminuyendo y los educadores de MO deben llevar a cabo una multitud de tareas adicionales, cuyo objetivo principal es garantizar el buen funcionamiento de la cadena de colaboración. Benjamin, educador de MO desde hace 8 años, responde a esta pregunta sobre el trabajo de colaboración: “A veces parece que la red es tan extensa que… no he estado allí tanto tiempo, pero he visto cómo el número de socios potenciales ha aumentado en pocos años… y eso es lo que un colega me dijo, a veces es como si tuvieras que manejar el viaje del menor más que trabajar con él… Cuando te quedas unas horas en un CAE o con los educadores, verás que no dejan de repetir: “¿Alguien tiene esa información? ¿Han sido informados? ¿Se ha difundido la información? “… Está constantemente presente, que…”.

En este sentido, las necesidades de cooperación y coordinación formuladas por las administraciones públicas responden bien a la necesidad de facilitar el flujo de información para racionalizar la acción. Sin embargo, parece que, en la práctica, la puesta en práctica de esta cooperación, las estrategias que impone y los desafíos que plantea, tienen más que ver con la racionalización del marco institucional que con la racionalización de la acción institucional. Por lo tanto, existe un gran riesgo de que, al dedicarse cada vez más a la gestión de una red informal, los educadores abandonen su misión primaria y que la mayor parte de su trabajo se oriente hacia la creación de una relación interprofesional con posibles asociados, en detrimento de una relación educativa con los jóvenes a su cargo.

Extraido de 

Ludovic Jamet , “Las medidas de colocación de menores” delincuentes “: entre lógicas institucionales y estigmatización pública”, Sociedades y jóvenes en dificultad [En línea], n ° 9 | Primavera de 2010, publicada el 3 de diciembre de 2010, visitada el 5 de julio de 2019. URL: http://journals.openedition.org/sejed/6689

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *